Boluarte, de 60 años, se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo y hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Castillo fue removido en la votación de un juicio político más temprano el miércoles, horas después de anunciar que ordenaría por decreto la disolución del Congreso, una decisión que provocó dimisiones de ministros clave del gobierno y denuncias de un “golpe de Estado” por parte de miembros del Congreso.

Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de “permanente incapacidad moral” para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso apuró la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor -con el apoyo e legisladores de derecha e izquierda-, seis en contra y 10 abstenciones.

Boluarte, en su primer discurso como presidenta, llamó a la unidad del país y convocó a las fuerzas políticas y democráticas para conformar un gabinete de ministros de “todas las sangres” en el país sudamericano.

“En esta ocasión hago un pedido concreto a la representación nacional, solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”, afirmó. “Solicito un plazo, tiempo valioso para rescatar al país de la corrupción y el desgobierno”.

Boluarte llega al poder para completar el actual periodo hasta el 2026. Es la primera mujer en ocupar la presidencia en Perú. La abogada de profesión estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.

Estados Unidos había rechazado cualquier acto inconstitucional de Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato, dijo el miércoles el embajador estadounidense en el país andino, Lisa Kenna, en Twitter.

Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, había anunciado un gobierno de “excepción”, al tiempo que convocaría en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia”, dijo Castillo en un discurso por la mañana.