Siguiendo la política del alcalde Miguel Varela de salvaguardar el patrimonio colectivo de las y los zacatecanos, el mandatario local denunció de manera contundente, desde la sede de la Cámara de Diputados, las irregularidades legales con las que el gobierno del estado ha intentado avanzar en la construcción del viaducto elevado, conocido como "el robo del siglo".

 

En su primera intervención, Varela señaló que esta obra ha sido llevada a cabo sin los permisos correspondientes y, aún más grave, se ha ejercido violencia política en razón de género contra la jueza federal que otorgó la suspensión de dicha construcción.

 

El alcalde destacó que la protección del patrimonio no solo es un deber local, sino una responsabilidad global. En este sentido, resaltó la relevancia del encuentro histórico que tuvo lugar en la Ciudad de México, el cual contó con la participación de organismos internacionales como la Unesco y ONU-Habitat, además de legisladores y autoridades federales, quienes mostraron su respaldo a la causa.

 

"Este es un esfuerzo conjunto para preservar no solo el patrimonio de Zacatecas, sino del mundo entero. La Unesco y ONU-Habitat han puesto la mira en lo que está ocurriendo aquí, porque el impacto de esta obra trasciende fronteras. Se trata de un atropello que no podemos permitir", puntualizó el alcalde.

 

La gira de trabajo en la Ciudad de México, que incluye la participación de autoridades y organismos internacionales, tendrá un eco importante tanto en la Unesco a nivel nacional como internacional, y sin duda repercutirá en Zacatecas, donde las acciones del alcalde Varela están siendo observadas con gran atención por la ciudadanía y las instituciones de protección del patrimonio.

 

De este modo, el Gobierno Municipal de Zacatecas, bajo las indicaciones del alcalde Miguel Varela, reitera su firme compromiso de defender el patrimonio cultural, arquitectónico y social de la ciudad ante lo que ha sido calificado como una aberración jurídica. 

 

Los esfuerzos para detener este proyecto seguirán contando con el respaldo de organismos internacionales y autoridades competentes, con la finalidad de garantizar que se respeten las leyes y los derechos de la ciudadanía.