La iniciativa prevé que no sean impugnables ni los cambios constitucionales aprobados por el Congreso ni los pendientes de discusión, lo que le dará carta blanca al oficialismo para impulsar sin ninguna traba jurídica el paquete de reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.

En el texto se establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

La reforma plantea que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.

Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.

La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso, como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.

El oficialismo, que controla el Congreso, decidió pisarle el acelerador a la iniciativa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sopesó considerar una acción contra la reforma judicial, promulgada a mediados del mes pasado por López Obrador dos semanas antes de finalizar su sexenio.

Esta reforma representa un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.