Los principales ejecutivos bancarios reunidos en un lujoso complejo turístico de la costa pacífica de México se encontraron con un invitado inesperado en una Convención Bancaria anual celebrada en mayo. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había volado hasta allí para lanzar una firme advertencia.

La administración de Donald Trump quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, recientemente catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas. El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en una reunión privada y les dijo que EU no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas.

El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero del cártel.

Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump, mediante un nuevo mecanismo legal que podía suponer un golpe letal. El método busca aislar a los bancos extranjeros sospechosos del sistema estadounidense, dejándolos prácticamente inoperantes sin pasar antes por una audiencia, sin pruebas ante un juez y sin derecho a apelación.