El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en voz del zacatecano Miguel Torres, manifestó su rechazo al dictamen que incumple la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que instruyó a la Cámara de Diputados fundamentar la modificación que hizo al anteproyecto presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE), para quitarle casi 5 mil millones de pesos para el ejercicio del presente año, equivalente al 26 por ciento.
El Diputado Federal por Zacatecas así lo manifestó en tribuna, al presentar el posicionamiento del GPPRD en la discusión del referido dictamen en el pleno de la Cámara Baja; luego de que ayer fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pese a las advertencias que Torres Rosales hizo sobre las violaciones a la determinación de la SCJN.
La participación del Representante Popular por Zacatecas en la sesión legislativa de hoy y de ayer en la reunión extraordinaria de la comisión fue en estricto sentido para defender la democracia mexicana, al exigir el reintegro de los recursos al árbitro electoral y el fortalecimiento de las instituciones autónomas, porque –dijo-, que el PRD abanderará esas exigencias y todas las necesarias “hasta que la democracia se haga costumbre”.
Recordó que la madrugada del 13 de noviembre del 2021 la mayoría oficialista decidió recortar 4 mil 913 millones de pesos el presupuesto del INE, como represalia por cuestionar la participación de muchos legisladores en la campaña de revocación de mandato. Por ello, “en julio de este año, el Poder Judicial le dio la razón al árbitro electoral y declaró la invalidez del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, en lo concerniente al instituto, al no estar motivado el recorte.
Al finalizar señaló “en lugar de tratar de debilitar al INE, deberíamos empezar a construir normas que garanticen elecciones equitativas, donde el uso de programas sociales y estructuras gubernamentales, como los ´vividores´ de la nación, sean castigados con la imposibilidad de participar en nuevas elecciones, donde se privilegia el intercambio de ideas por sobre la intimidación a los electores.